Nulidad lisa y llana fue el desenlace de un crédito fiscal por $169,117.00 que la Aduana de Nuevo Laredo nunca logró acreditar. El contribuyente negó conocer el oficio que se le atribuía y, ante el silencio procesal de la autoridad demandada, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió a su favor, confirmando que quien afirma la existencia de un acto debe probarlo.
Un contribuyente negó conocer el crédito fiscal que se le atribuía; la Aduana de Nuevo Laredo, omisa al contestar, no exhibió el acto ni su notificación, y el Tribunal declaró la nulidad lisa y llana.
La clave del caso: Cuando el actor niega lisa y llanamente conocer el acto impugnado, la carga de probar su existencia y notificación recae en la autoridad demandada, so pena de nulidad.
La historia detrás del caso
Todo comenzó en mayo de 2011, cuando el promovente se presentó en el Puente Internacional II 'Juárez-Lincoln', adscrito a la Aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, conduciendo un vehículo cuyo mecanismo de selección automatizada le arrojó luz verde: 'desaduanamiento libre'. El trámite parecía concluido. Sin embargo, al abandonar las instalaciones aduaneras, una patrulla le dio alcance y le notificó una orden de verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte y vehículos.
El expediente permaneció en silencio durante más de una década. No fue sino hasta el 11 de septiembre de 2025 cuando el promovente, al presentarse ante la Administración Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza '2' para indagar si tenía adeudos fiscales, recibió una respuesta inesperada: un servidor público le informó verbalmente que su situación fiscal en materia de comercio exterior había sido determinada mediante un oficio específico, con un crédito de $169,117.00.
El problema era evidente: nunca se le había notificado legalmente esa resolución. Bajo protesta de decir verdad, manifestó desconocer tanto el contenido del oficio como sus constancias de notificación, y solicitó que, de existir un error en el número proporcionado, se le otorgara oportunidad de impugnar la notificación irregular.
El 29 de septiembre de 2025 presentó su demanda de nulidad ante la Sala Regional en Coahuila. El 16 de octubre de ese año se admitió el juicio y se ordenó correr traslado a la Aduana de Nuevo Laredo para que contestara y exhibiera el acto reclamado. La autoridad, sin embargo, no respondió: el 15 de abril de 2026 se declaró precluido su derecho a contestar, dejando el expediente sin la prueba más elemental para sostener el crédito fiscal.
El problema jurídico
El caso presentaba una singularidad procesal poco común: el actor no combatía un acto que conocía plenamente, sino uno del que solo tenía noticia verbal, sin haber visto jamás el oficio ni sus constancias de notificación. Desde la demanda inicial, sin embargo, formuló conceptos de impugnación —negativa de existencia y notificación, y prescripción del crédito— pese a desconocer el contenido exacto del acto.
A ello se sumó un segundo factor decisivo: la autoridad aduanera, notificada expresamente para que exhibiera el oficio y sus constancias al contestar la demanda, simplemente no lo hizo. Su silencio derivó en la preclusión de su derecho procesal, sin que la Sala hubiera podido abrir después la vía de ampliación de demanda a favor del actor, pues la ley reserva esa oportunidad para cuando la autoridad efectivamente contesta y exhibe el acto.
Este escenario planteaba tres interrogantes entrelazadas: si el Tribunal debía analizar, sin más, los conceptos de impugnación expresados desde el escrito inicial; a quién correspondía probar la existencia del acto ante la negativa lisa y llana del actor; y si resultaba jurídicamente posible pronunciarse sobre la prescripción de un crédito cuya propia existencia no había sido demostrada.
¿Quién debe probar la existencia de un acto administrativo cuando el particular niega lisa y llanamente conocerlo, y qué ocurre cuando la autoridad guarda silencio ante ese reclamo?
La razón de la decisión
La Sala resolvió, en primer término, que estaba obligada a analizar los conceptos de impugnación planteados desde la demanda inicial, aun sin ampliación, apoyándose en la jurisprudencia 2a./J. 13/2021 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte, que precisa que la ampliación de la demanda es un derecho, no una carga procesal, y que su falta de ejercicio no exime al juzgador de estudiar lo expresado originalmente.
En cuanto al fondo, el Tribunal recordó que, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando el actor niega lisa y llanamente conocer el acto impugnado, la autoridad demandada está obligada a exhibir, al contestar, tanto la resolución como su constancia de notificación. Así lo confirman las jurisprudencias 2a./J. 209/2007 y la tesis III-TASS-1842, que reconocen que esa negativa revierte la carga probatoria hacia quien afirma la existencia del acto.
Como la Aduana de Nuevo Laredo jamás contestó la demanda, y su derecho para hacerlo precluyó, nunca acreditó la existencia ni la notificación del oficio combatido. Esa omisión impidió también analizar la prescripción invocada por el actor, pues conforme a la jurisprudencia 2a./J. 15/2000, el plazo de prescripción solo puede correr a partir de una resolución firme y debidamente notificada, presupuesto que no quedó demostrado.
Ante ese vacío probatorio, la Sala concluyó que el actor quedó en estado de indefensión, al no poder combatir un acto que la autoridad nunca exhibió, actualizándose la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y decretando la nulidad lisa y llana.
Por qué importa
Esta sentencia ilustra una consecuencia procesal severa pero justa: la inactividad de la autoridad administrativa, cuando se le exige probar la existencia de un acto que el particular niega conocer, no puede traducirse en perjuicio para el contribuyente. El silencio institucional tiene un costo, y ese costo es la nulidad del crédito fiscal.
Para los litigantes, el caso confirma que la negativa lisa y llana, formulada bajo protesta de decir verdad desde el escrito inicial, es una herramienta procesal legítima y eficaz cuando el particular efectivamente ignora el contenido de un acto que le fue apenas insinuado de manera verbal o informal.
Para las autoridades fiscales y aduaneras, la lección es clara: la presunción de legalidad de sus actos no es absoluta ni automática. Frente a una negativa expresa, deben exhibir prueba fehaciente de la existencia y notificación del acto al contestar la demanda; de no hacerlo, incluso por preclusión, el resultado natural es la nulidad.
Finalmente, el precedente refuerza un criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte que privilegia el estudio de fondo sobre el formalismo procesal, obligando a los tribunales administrativos a analizar los conceptos de impugnación desde la demanda inicial, incluso cuando resulten genéricos o especulativos, en beneficio de la tutela judicial efectiva.
Para postulantes
Negar conocer el acto no es una fórmula vacía: exige manifestarlo bajo protesta de decir verdad y sostener conceptos de impugnación desde la demanda inicial.
Para autoridades fiscales
La preclusión del derecho a contestar no exime a la autoridad de probar la existencia del acto; su silencio se traduce en nulidad lisa y llana.
Ficha técnica del caso
| Expediente | 2614_25-05-01-3 |
|---|---|
| Órgano resolutor | Primera Sala Regional en Coahuila del Tribunal Federal de Justicia Administrativa |
| Tipo de asunto | Juicio Contencioso Administrativo Federal |
| Acto reclamado | Oficio atribuido a la Aduana de Nuevo Laredo (Agencia Nacional de Aduanas) que determina un crédito fiscal por $169,117.00, derivado de una verificación de mercancías de procedencia extranjera en transporte y vehículos |
| Tema jurídico | Carga de la prueba cuando el actor niega lisa y llanamente conocer el acto administrativo impugnado; improcedencia del análisis de prescripción sin acreditar la existencia del crédito |
| Normas relevantes | Artículos 68, 144 y 146 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 fracción II y 51 fracción IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo |
| Sentido de la decisión | Nulidad lisa y llana de la resolución impugnada |
| Concepto clave | Negativa lisa y llana del acto administrativo: revierte la carga probatoria a la autoridad demandada |
Frases destacadas de la sentencia
- “La ampliación de la demanda es un derecho, no una obligación.”
- “Cuando el actor niega conocer el acto, la autoridad debe probar su existencia y notificación.”
- “El silencio procesal de la autoridad se tradujo en la nulidad lisa y llana del crédito fiscal.”
- “No es posible analizar la prescripción de un crédito cuya existencia nunca fue acreditada.”
- “Catorce años después de un cruce fronterizo, el contribuyente se enteró de un crédito fiscal por vía verbal.”
Conclusión: en una frase
Quien afirma que un acto existe y produjo efectos debe probarlo; si la autoridad calla, el juicio se resuelve en favor de quien dice ignorarlo.
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Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si me entero de un crédito fiscal pero nunca me notificaron nada por escrito?
Puedes presentar una demanda de nulidad manifestando, bajo protesta de decir verdad, que desconoces el acto y su notificación. Esto traslada a la autoridad la obligación de probar que el acto existe y que fue correctamente notificado; si no lo hace, el caso puede resolverse a tu favor.
¿Quién tiene que demostrar que un oficio o crédito fiscal existe realmente?
Cuando la persona afectada niega lisa y llanamente conocer el acto, la carga de la prueba recae en la autoridad que lo emitió. Ella debe exhibir el documento original y su constancia de notificación al momento de contestar la demanda; de no hacerlo, se queda sin sustento su postura.
¿Qué consecuencia tiene que la autoridad no conteste la demanda a tiempo?
Si la autoridad no responde dentro del plazo legal, pierde el derecho procesal para hacerlo después (esto se llama preclusión). Esto significa que ya no podrá presentar el acto ni las pruebas que lo sustenten, lo cual normalmente lleva a que el tribunal declare la nulidad del acto impugnado.
¿Puede un tribunal analizar la prescripción de un crédito fiscal si no está probado que existe?
No. Para poder analizar si un crédito fiscal ya prescribió, primero debe quedar demostrado que existe una resolución firme y debidamente notificada. Si la autoridad nunca acredita esto, el tribunal no puede entrar a estudiar la prescripción, y el caso se resuelve por falta de prueba del acto mismo.