Sobre la inmovilización de cuentas bancarias del SAT, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que es ilegal congelar depósitos cuando el crédito fiscal está impugnado en amparo directo. La Segunda Sala Regional en Veracruz decretó la nulidad lisa y llana de la medida tributaria, al precisar que la firmeza del adeudo es un requisito insustituible. Conozca las implicaciones procesales de este fallo para la defensa de los contribuyentes.
La Segunda Sala Regional en Veracruz anuló la inmovilización de cuentas bancarias ejecutada por el SAT, al demostrarse que el crédito fiscal invocado como firme se encontraba sub júdice bajo un juicio de amparo directo pendiente de resolución.
La clave del caso: La inmovilización de cuentas por adeudos firmes es ilegal si el crédito está sub júdice en un juicio de amparo.
La historia detrás del caso
En septiembre de dos mil veinticinco, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Veracruz «4» notificó a una persona moral el oficio 400-68-00-02-00-2025-8204. En dicho documento, la autoridad hacendaria hizo del conocimiento de la contribuyente la inmovilización de sus depósitos bancarios en moneda nacional y extranjera contenidos en dos cuentas de una conocida institución financiera. La medida congelaba recursos indispensables para el cumplimiento de obligaciones operativas y el pago de nóminas de la empresa.
Meses antes, el once de agosto de dos mil veinticinco, la autoridad exactora había instruido directamente al banco, mediante el oficio 400-68-00-02-00-2025-7044, congelar los fondos. El sustento del fisco para detonar esta medida sumaria fue la fracción I del artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, manifestando textualmente que la contribuyente tenía a su cargo adeudos fiscales firmes por un monto superior a los ocho millones de pesos, derivados de una resolución de auditoría fiscal emitida en noviembre de dos mil veinticuatro.
Ante la afectación patrimonial y el riesgo para su subsistencia, la contribuyente acudió al juicio contencioso administrativo. Sostuvo que el actuar de la autoridad carecía de fundamentación y motivación, pues el crédito aducido jamás había alcanzado la firmeza legal que la norma exige para proceder de tal forma, además de no habérsele otorgado una oportunidad previa de defensa en el procedimiento de inmovilización.
Durante la secuela procesal, la autoridad intentó justificar la medida alegando que el cobro era legítimo debido a que los adeudos no se encontraban pagados ni garantizados, pretendiendo con ello respaldar la inmovilización aun cuando el crédito no hubiese quedado firme.
El problema jurídico
El análisis del expediente exigió a la Segunda Sala Regional en Veracruz delimitar dos aspectos sustanciales del derecho fiscal procesal. En primer lugar, debió esclarecer si el procedimiento sumario de inmovilización de depósitos bancarios regulado en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación depende o requiere de las formalidades previas del Procedimiento Administrativo de Ejecución, tales como un embargo previo de bienes o de cartera de clientes.
En segundo lugar, y como eje medular del juicio, la juzgadora debió ponderar la validez constitucional de la orden emitida a la institución financiera. Al haber motivado la autoridad la medida bajo el supuesto de existir adeudos fiscales firmes, resultaba indispensable verificar si el crédito mantenía tal condición jurídica mientras corría la substanciación de medios de defensa extraordinarios como el juicio de amparo.
Asimismo, la Sala debió determinar si le era permitido al fisco alterar o mejorar en la contestación de demanda la motivación inicial del acto, pretendiendo adecuar la inmovilización a la hipótesis de créditos impugnados no garantizados. Así, el dilema central quedó configurado en la siguiente interrogante:
¿Es legal la orden de inmovilización de cuentas bancarias fundamentada en la existencia de adeudos firmes cuando la resolución determinante se encuentra sub júdice en un juicio de amparo directo pendiente de resolución?
La razón de la decisión
La Magistrada Instructora Rosalía Álvarez Salazar, al elaborar el proyecto aprobado por la Sala, estimó parcialmente fundados los conceptos de impugnación de la actora. Inicialmente, aclaró que la inmovilización del artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación es un procedimiento sumario y alterno al Procedimiento Administrativo de Ejecución, por lo que no exige un embargo previo de cuentas o de cartera de clientes, conforme a los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, en el estudio de fondo, la Sala constató que en el oficio 7044 dirigido al banco la autoridad exactora basó categóricamente la inmovilización en el supuesto de la fracción I del artículo 156-Bis, aduciendo que la contribuyente tenía adeudos fiscales firmes. No obstante, al revisar las constancias del expediente y consultar el sistema del Poder Judicial de la Federación, se acreditó como hecho notorio que el crédito fiscal original continuaba controvertido mediante un juicio de amparo directo interpuesto ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual no había concluido.
En consecuencia, la premisa del fisco resultó absolutamente falsa: el crédito no estaba firme. La Sala desestimó las alegaciones de la autoridad en el sentido de que los adeudos no estaban garantizados, al concluir que con ello pretendía mejorar la fundamentación y motivación del acto original, conducta expresamente prohibida por el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Al nacer viciada la orden dirigida al banco, la Sala aplicó la doctrina de los frutos de actos viciados y declaró la nulidad lisa y llana del oficio 8204 impugnado, con fundamento en el artículo 51, fracción IV de la ley contenciosa.
Por qué importa
Esta sentencia resalta la trascendencia de la precisión sustantiva en la actuación administrativa. La firmeza de un crédito fiscal no es un mero formalismo, sino un estado jurídico concreto que requiere la inimpugnabilidad del acto. Si un contribuyente mantiene promovido un juicio de amparo directo, la autoridad recaudadora no puede presuponer la firmeza de la deuda para congelar cuentas bancarias de manera sumaria.
El fallo refuerza además el principio procesal que impide a las autoridades mejorar la fundamentación y motivación de sus actos al contestar la demanda. Si la autoridad ordenó el congelamiento bajo la premisa de crédito firme, no puede reconfigurar su argumento a crédito no garantizado en sede contenciosa para salvar la legalidad del acto.
Para la práctica profesional del litigio fiscal, la decisión enfatiza la importancia de revisar minuciosamente los oficios de instrucción girados a las entidades financieras. La vulneración de la legalidad en la orden de origen vicia de nulidad absoluta todo el procedimiento de inmovilización subsecuente.
Para postulantes
Verifique siempre el oficio de instrucción enviado al banco; los vicios en la orden inicial anulan todo el congelamiento.
Para autoridades fiscales
Está prohibido reconfigurar o mejorar la motivación del congelamiento bancario al contestar la demanda contenciosa.
Ficha técnica del caso
| Expediente | 2312_25-13-02-6 |
|---|---|
| Órgano resolutor | Segunda Sala Regional en Veracruz del TFJA |
| Tipo de asunto | Juicio Contencioso Administrativo Ordinario |
| Acto reclamado | Oficio 400-68-00-02-00-2025-8204 que informó sobre la inmovilización de cuentas bancarias |
| Tema jurídico | Ilegalidad de la inmovilización de depósitos bancarios por créditos no firmes y prohibición de mejorar la fundamentación |
| Normas relevantes | Artículos 156-Bis del Código Fiscal de la Federación y 22 y 51, fracción IV de la LFPCA |
| Sentido de la decisión | Nulidad lisa y llana del acto impugnado |
| Concepto clave | Firmeza del crédito fiscal como presupuesto insustituible para la inmovilización en fracc. I del art. 156-Bis CFF |
Frases destacadas de la sentencia
- “Un crédito fiscal no está firme mientras se encuentre pendiente de resolución un juicio de amparo directo.”
- “La autoridad no puede mejorar la fundamentación de sus actos al contestar la demanda de nulidad.”
- “La inmovilización bancaria sumaria exige el estricto cumplimiento de sus presupuestos legales de origen.”
- “Los actos administrativos viciados desde su origen contaminan de ilegalidad todas las actuaciones subsecuentes.”
- “El congelamiento de recursos sin causa legal justificada atenta contra la seguridad jurídica y la operatividad de los contribuyentes.”
Conclusión: en una frase
El SAT no puede congelar cuentas alegando adeudos firmes mientras exista un juicio de amparo pendiente.
📄 Descarga el documento original (PDF)
💬 Únete a nuestro grupo de WhatsApp de Academia de Amparo para recibir análisis como este todos los días.
🌐 Visita academiadeamparo.com para más sentencias, tesis y formación jurídica.
Preguntas frecuentes
¿El SAT puede congelar mis cuentas bancarias si tengo un juicio de amparo pendiente?
No, es ilegal que la autoridad fiscal inmovilice sus depósitos bancarios bajo el argumento de que el adeudo es definitivo si existe un juicio de amparo en trámite. Un crédito fiscal solo se considera firme cuando han concluido todos los medios de defensa legal. Si su asunto sigue bajo revisión de un tribunal, la autoridad no puede actuar como si la deuda fuera inmutable.
¿Qué resolvió el Tribunal respecto al congelamiento de cuentas en este caso?
El Tribunal determinó la nulidad total de la inmovilización de depósitos ejecutada por la autoridad fiscal. Se comprobó que el motivo utilizado para congelar los fondos era falso, ya que el adeudo se encontraba en revisión ante un tribunal colegiado. Al faltar el requisito esencial de firmeza en el crédito, la medida impuesta quedó completamente sin efectos.
¿Puede la autoridad fiscal cambiar sus argumentos para justificar el congelamiento durante el juicio?
No, la autoridad fiscal tiene prohibido modificar o mejorar las razones iniciales de su acto al contestar la demanda. Si justificó la medida afirmando que el adeudo estaba firme, no puede argumentar posteriormente que procedía por falta de garantía del crédito. La legalidad del acto debe juzgarse estrictamente conforme a los motivos expuestos en la orden original.
¿La autoridad necesita embargar otros bienes antes de congelar las cuentas de banco?
No necesariamente, ya que la inmovilización de depósitos es una medida sumaria que no exige un embargo previo de bienes o de cuentas por cobrar. Sin embargo, aunque no requiera esos pasos previos, la autoridad está obligada a cumplir puntualmente con los supuestos legales aplicables. Si el fundamento invocado no se cumple en la realidad, la medida resulta ilegal.