Recientemente tuve la oportunidad de analizar una sentencia muy instructiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Segunda Sala Regional en Jalisco, agosto de 2025), que aborda temas cruciales sobre las formalidades procesales y la precisión que debe tener la autoridad fiscal. 🧐
El caso es un excelente ejemplo de defensa exitosa, derivando en una nulidad lisa y llana de multas impuestas por el SAT y la orden de devolución de lo pagado más intereses. 💸
Comparto tres puntos clave que hacen de esta resolución un gran material de estudio para colegas fiscalistas y empresarios: 👇
🔍 1. Buzón Tributario vs. Formalismo excesivo (Forma vs. Fondo)
La autoridad desechó inicialmente el recurso del contribuyente argumentando que "no señaló un correo electrónico" para notificaciones en su escrito. 🚫
El Tribunal determinó que esto es ilegal y viola el derecho de acceso a la justicia (Art. 17 Constitucional). Se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos. Si la comunicación ya está asegurada mediante el Buzón Tributario, exigir un correo adicional resulta un requisito ocioso e innecesario. ✅
📉 2. Indebida Fundamentación (Error de identidad fiscal)
Al entrar al fondo del asunto, se detectó un error crítico: el SAT intentó fundamentar la obligación de llevar contabilidad de una Persona Moral con Fines no Lucrativos (Título III LISR) citando el artículo que aplica a las personas morales del régimen general (Título II LISR). 🤦♂️
Este error de fundamentación no puede ser subsanado por la autoridad durante el juicio.
🚫 3. Prohibición de la Analogía para imponer Sanciones
Para calcular la multa mes a mes, la autoridad utilizó un artículo del CFF que aplica específicamente para la omisión de "declaraciones o avisos", pero lo quiso aplicar a la omisión de ingresar "información contable". ✖️
Aquí la sentencia:
https://storage.googleapis.com/sentencias-publicas/3728-25-07-02-4.pdf
¿Qué significan estas figuras jurídicas?
Acceso a la justicia frente al formalismo excesivo
El acceso a la justicia es el derecho de toda persona a que un tribunal resuelva el fondo de su asunto, sin que trámites secundarios se lo impidan. Cuando una autoridad exige un requisito que no aporta certeza adicional, como un dato de contacto extra cuando ya existe un canal oficial vigente, incurre en formalismo excesivo.
Los tribunales deben distinguir entre requisitos que protegen derechos del contribuyente y requisitos que solo entorpecen el procedimiento sin aportar nada. Ese fue precisamente el punto que resolvió la sentencia analizada.
La debida fundamentación del acto de autoridad
Fundamentar un acto significa citar con precisión la norma legal exacta que le da sustento. No basta con invocar una ley en términos generales si la autoridad elige el apartado equivocado dentro de ella, porque cada régimen tiene reglas y obligaciones distintas.
Cuando la autoridad se equivoca de apartado, el acto queda sin sustento legal válido desde su origen. Esa deficiencia no se puede corregir después, ni siquiera durante el propio juicio.
La prohibición de la analogía en materia de sanciones
En materia sancionadora, la autoridad solo puede castigar exactamente la conducta que la norma describe, sin extenderla a situaciones parecidas pero distintas. Aplicar una sanción pensada para un supuesto a otro supuesto diferente, aunque parezca similar, vulnera el principio de legalidad que protege a toda persona frente al poder sancionador del Estado.
Aplicación práctica para la persona afectada
Si una autoridad fiscal desecha un recurso por un requisito que parece innecesario, conviene revisar si ya existe otro canal de comunicación oficial vigente que haga innecesaria esa exigencia adicional. Ese argumento puede sostenerse ante el tribunal correspondiente.
Cuando el contribuyente advierte que la autoridad fundamentó su cobro en el apartado equivocado de la ley, no le corresponde a él repararlo por su cuenta: debe evidenciarlo. La defensa debe apuntar precisamente a esa inconsistencia entre el régimen que le aplica y el que la autoridad citó.
Si la sanción impuesta corresponde a un supuesto distinto del que realmente ocurrió, el afectado puede argumentar que se aplicó por analogía, lo cual puede bastar para anular la multa sin necesidad de analizar los demás argumentos.
Errores comunes a evitar
- Dar por válido un desechamiento sin revisar si el requisito exigido realmente tenía sustento legal.
- No verificar en qué apartado exacto de la ley se apoya la autoridad para exigir una obligación.
- Pagar una multa sin antes revisar si la conducta sancionada coincide exactamente con la que describe la norma aplicada.
- Dejar pasar el plazo para impugnar por creer que un tecnicismo procesal cierra automáticamente la puerta a la justicia.