El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió un asunto fundamental sobre la prescripción en responsabilidad administrativa. En este fallo, los magistrados determinaron que la autoridad fiscalizadora no puede prolongar sus procedimientos sancionadores de forma indefinida. Esta resolución fija un límite claro al ejercicio del poder de fiscalización pública en Zacatecas.
En breve
- El tribunal concedió el amparo a exservidores públicos municipales imputados en un procedimiento resarcitorio.
- Se determinó que el plazo legal de cinco años abarca tanto el inicio como la resolución definitiva del procedimiento.
- La notificación inicial interrumpe la prescripción, pero no reinicia un nuevo periodo de cinco años.
- El exceso en el tiempo total acumulado provoca la extinción de la facultad sancionadora estatal.
El caso
El asunto tiene su origen en una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. La entidad fiscalizadora promovió un procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitoria contra exservidores públicos municipales. La autoridad buscaba el resarcimiento de supuestos daños a la hacienda pública.
Posteriormente, la Segunda Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas dictó sentencia el 22 de agosto de 2024. En dicho fallo, la Sala reconoció la validez de la resolución sancionatoria. Ante esta determinación, los afectados acudieron al juicio de amparo directo.
Para mayor claridad del asunto, se presentan los datos generales del expediente en la siguiente tabla:
| Expediente | 29/2025 |
|---|---|
| Órgano | Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito |
| Circuito | Vigésimo Tercer Circuito (Zacatecas, Zacatecas) |
| Materia | Administrativa |
| Tipo de amparo | Amparo Directo |
| Fecha | 16 de julio de 2026 |
Qué reclamó el quejoso
Los promoventes argumentaron que la autoridad violó sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Sostuvieron que el procedimiento sancionador rebasó el límite temporal legalmente permitido.
En sus conceptos de violación, afirmaron que la facultad de la autoridad había prescripto. Señalaron que el plazo de cinco años establecido en la ley local debe computarse de manera integral. La autoridad no puede sumar periodos indefinidos tras notificar el inicio del trámite.
Asimismo, explicaron que la prolongación injustificada genera una grave incertidumbre jurídica. Para los postulantes, la actuación tardía de la Auditoría vulneró los principios de debido proceso y seguridad jurídica.
Qué resolvió el tribunal y por qué
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito declaró fundados los conceptos de violación presentados. El tribunal analizó minuciosamente el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas.
El tribunal determinó que la ley fija un límite de cinco años para actuar. Este plazo aplica tanto para notificar el inicio del procedimiento como para emitir la resolución definitiva. La autoridad fiscalizadora no dispone de tiempo ilimitado para dictar fallo.
Los magistrados aclararon un punto clave sobre la prescripción en responsabilidad administrativa. La notificación del inicio interrumpe el cómputo, pero no otorga un nuevo periodo de cinco años completos. Permitir un reinicio total iría en contra del sentido constitucional de la norma.
Por lo tanto, el tribunal realizó la suma del tiempo transcurrido antes y después de la notificación. Al constatar que el tiempo acumulado superó los cinco años previstos en la ley, el tribunal concluyó que la facultad sancionadora se extinguió.
Este criterio encuentra sustento jurisprudencial en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre ellos, destacan las jurisprudencias 1a./J. 188/2023 (11a.), 1a./J. 189/2023 (11a.) y 2a./J. 58/2010. Dichas tesis tutelan el derecho a un juzgamiento en plazos razonables.
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Conceptos clave
- Prescripción de facultades sancionadoras: La pérdida del derecho de la autoridad para imponer sanciones debido al paso del tiempo fijado por la ley.
- Responsabilidad administrativa resarcitoria: La obligación legal de reparar económicamente el daño causado a la hacienda pública por faltas administrativas.
- Interrupción de la prescripción: Evento legal, como la notificación de un trámite, que detiene temporalmente el conteo del plazo de caducidad.
- Seguridad jurídica: Garantía constitucional de que las autoridades actuarán con apego estricto a las normas y dentro de plazos razonables.
- Fiscalización superior: Función pública orientada a auditar, revisar y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos por parte de los servidores públicos.
Qué significa esto en la práctica
Esta decisión sienta un precedente interpretativo muy importante en materia de fiscalización local. Impacta de forma directa la estrategia defensiva de los servidores y exservidores públicos en Zacatecas.
- Protege a los administrados de procedimientos sancionatorios con duración indefinida o desmedida.
- Exige a los órganos de fiscalización actuar con celeridad y eficiencia procesal.
- Otorga a los postulantes argumentos sólidos para invocar la prescripción cuando el tiempo total acumulado supere los cinco años.
- Refuerza la certidumbre sobre cómo debe contabilizarse la prescripción en responsabilidad administrativa en el ámbito estatal.
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Por qué esta sentencia es relevante
El fallo del tribunal pone un freno claro al abuso de los tiempos en la administración pública. Históricamente, algunas autoridades fiscalizadoras prolongaban los procedimientos bajo el argumento de que la notificación inicial reiniciaba completamente el reloj legal.
Con este pronunciamiento, el tribunal reafirma que el poder sancionador del Estado tiene fronteras temporales infranqueables. La fiscalización debe conciliarse con el respeto irrestricto a los derechos humanos y al debido proceso.
Además, el fallo armoniza la legislación local de Zacatecas con la doctrina constitucional contemporánea de la Suprema Corte. Así se fortalece el estado de derecho y la protección de las garantías individuales frente al aparato estatal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la prescripción en responsabilidad administrativa resarcitoria?
Es la extinción del derecho de la autoridad para sancionar a un servidor público por dejar transcurrir el tiempo legal máximo. Si transcurre dicho plazo sin resolución, la facultad sancionadora caduca.
¿La notificación del procedimiento reinicia el plazo de prescripción?
No. La notificación interrumpe el plazo, pero no otorga otros cinco años completos a la autoridad. Se debe sumar el tiempo anterior y posterior para no exceder el límite legal.
¿Cuál es el plazo máximo para concluir un procedimiento resarcitorio en Zacatecas?
Conforme al artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior local, el tiempo global acumulado entre el inicio y la resolución no debe superar los cinco años.
¿Qué derecho constitucional protege el límite temporal a las autoridades?
Protege principalmente las garantías de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.
En resumen
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito concedió el amparo al constatar que la autoridad fiscalizadora excedió el plazo máximo de cinco años. Esta sentencia confirma que la interrupción del cómputo no permite tramitaciones indefinidas en perjuicio de los gobernados.
El criterio resalta la importancia de verificar meticulosamente el cómputo del tiempo en todo procedimiento de fiscalización resarcitoria. Para aprender más sobre la protección constitucional en México, explora los recursos didácticos de la Academia de Amparo.
Aviso legal: El presente artículo es una versión pública elaborada estrictamente con fines informativos y de divulgación jurídica. No constituye ni sustituye la asesoría legal personalizada. Ante una situación jurídica concreta, le recomendamos consultar directamente a un abogado profesional.
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