Un caso reciente resuelto en Sinaloa ilustra con claridad cómo funciona el amparo indirecto laboral concedido por incumplimiento de laudo cuando una autoridad municipal se niega, de facto, a pagar lo que ya fue determinado en un juicio laboral firme. El asunto involucra a una trabajadora que, tras años de litigio, obtuvo un laudo favorable contra un ayuntamiento sinaloense y que, pese a ello, tuvo que acudir al juicio de amparo para que se respetara su derecho a cobrar lo que legítimamente le corresponde.
El caso
La quejosa había ganado un juicio laboral en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje correspondiente dictó un laudo favorable el 13 de marzo de 2020, y posteriormente, el 24 de abril de 2024, se emitió una interlocutoria de liquidación que fijó con precisión la cantidad que el ente municipal debía pagarle. Sin embargo, pese a estas resoluciones, el ayuntamiento nunca cumplió voluntariamente con el pago correspondiente, lo que llevó a la trabajadora a promover un amparo indirecto en contra de esta omisión.
Las autoridades señaladas como responsables
La demanda de amparo se dirigió tanto contra el Ayuntamiento de El Fuerte como contra el Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, a quienes se les atribuyó la omisión de dar cumplimiento al laudo y a la interlocutoria de liquidación. Sin embargo, como se explica más adelante, el tratamiento jurídico que recibió cada autoridad fue distinto.
Qué reclamó la quejosa
La parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de cumplir con dos resoluciones ya firmes: el laudo laboral de 2020 y la interlocutoria de liquidación de 2024. En esencia, su reclamo giraba en torno a un hecho sencillo pero de enorme trascendencia práctica: haber ganado un juicio laboral no sirve de mucho si la autoridad condenada simplemente decide no pagar, aprovechándose de las limitaciones procesales que existen para ejecutar forzosamente créditos contra entes públicos.
Qué resolvió el tribunal y por qué
El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, dividió su análisis en dos vertientes, según la autoridad señalada como responsable.
Sobreseimiento respecto del Presidente del Tribunal Municipal
Por un lado, el juzgado sobreseyó el amparo respecto del Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje. La razón fue que la omisión reclamada resultaba genérica e inexistente jurídicamente, pues la quejosa no había solicitado ante esa autoridad una gestión específica de ejecución que ésta hubiera dejado de atender. En otras palabras, no basta con señalar de manera abstracta que una autoridad no ha hecho algo; es necesario acreditar que se le pidió concretamente una actuación de ejecución y que ésta la omitió, lo cual no ocurrió en este supuesto.
Concesión del amparo respecto del Ayuntamiento
Por otro lado, el juzgado concedió el amparo respecto del Ayuntamiento de El Fuerte. El tribunal tuvo por acreditado que, a pesar de las gestiones de ejecución que sí había realizado la actora ante esta autoridad, el municipio no cumplió voluntariamente ni el laudo ni la interlocutoria de liquidación que fijaba el monto a pagar.
El razonamiento central de la sentencia resulta particularmente relevante: si bien el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles impide dictar mandamiento de ejecución o embargo en contra de entes públicos —una protección procesal pensada para salvaguardar el patrimonio y funcionamiento de los gobiernos municipales—, esa limitación no puede traducirse en una patente para incumplir resoluciones judiciales. Por el contrario, dicha norma presupone que las autoridades cumplirán voluntariamente con lo ordenado, precisamente porque no existe una vía de apremio forzosa en su contra.
Bajo esta lógica, el juzgado concluyó que la omisión de pago por parte del ayuntamiento transgredía el derecho a la justicia pronta y completa consagrado en el artículo 17 constitucional, pues de nada serviría contar con un laudo favorable y una liquidación firme si la autoridad condenada puede, en la práctica, ignorarlos indefinidamente sin consecuencia alguna.
Por qué esta sentencia es relevante
Este criterio ilustrativo resulta valioso para quienes enfrentan la difícil realidad de haber ganado un juicio laboral contra un municipio, un organismo descentralizado o cualquier ente público, y descubren después que cobrar lo que legalmente les corresponde es una batalla distinta. El amparo se convierte, en estos casos, en la herramienta procesal idónea para obligar a la autoridad renuente a cumplir, sin que las limitaciones sobre embargo de bienes públicos puedan interpretarse como una excusa para el incumplimiento.
Además, la sentencia recuerda algo fundamental sobre la técnica del amparo: no toda omisión alegada procede automáticamente. Es indispensable que exista una gestión concreta y específica dirigida a la autoridad de la que se reclama la omisión, como bien lo distinguió el juzgado al sobreseer respecto del Presidente del Tribunal Municipal. En Academia de Amparo hemos explicado en otras entradas cómo se construye correctamente un acto reclamado por omisión para evitar este tipo de sobreseimientos.
¿Estás en una situación parecida?
Si obtuviste un laudo favorable contra un ayuntamiento u otro ente público y llevas meses o años esperando su cumplimiento, este criterio te puede resultar útil para entender qué caminos legales existen. Te invitamos a explorar más contenido especializado en academiadeamparo.com, donde abordamos casos similares sobre ejecución de sentencias laborales y amparo contra omisiones de autoridades.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Expediente | 335/2026 |
| Órgano | Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa |
| Circuito | Décimo Segundo Circuito, residencia Los Mochis, Sinaloa |
| Materia | Laboral |
| Tipo de amparo | Amparo Indirecto |
| Fecha | 9 de julio de 2026 |
Este artículo es una versión pública con fines informativos y de divulgación jurídica; no constituye asesoría legal ni sustituye la consulta con un profesional del derecho. Si te encuentras en una situación similar, te recomendamos acudir con un especialista en amparo para analizar las particularidades de tu caso.