El 16 de abril de 2026, legisladores de MORENA en la LXVI Legislatura —Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Vázquez Vázquez, Javier Corral Jurado y Susana Harp Iturribarría— presentaron una iniciativa que reforma 10 artículos de la Constitución (76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122) para perfeccionar el modelo de elección judicial surgido de la reforma del 15 de septiembre de 2024.
📊 El contexto que la detonó
En el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 se eligieron 881 cargos federales y ~1,800 locales, y los Comités de Evaluación recibieron 33,907 solicitudes en conjunto (18,447 Ejecutivo · 11,646 Legislativo · 3,814 Judicial), lo que tensionó la revisión de perfiles.
🔑 Los 7 cambios que debes conocer
1️⃣ Elección judicial en 2028, no en 2027. Se recorre al primer domingo de junio de 2028 para evitar concurrencia con elecciones políticas.
2️⃣ Certificación obligatoria de la ENFJ. Se elimina el promedio de 8/9 puntos y las cartas de recomendación; ahora se exigirá certificación vigente de competencias emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
3️⃣ Comité Único de Evaluación. Desaparecen los 3 Comités de los Poderes de la Unión; se crea uno solo con 9 integrantes (3 por cada Poder) que postulará a las 6 mejores candidaturas por cargo.
4️⃣ SCJN en Pleno y 2 Secciones. La Corte funcionará también en secciones para abatir cargas de trabajo; las tesis por 6 votos serán obligatorias para toda la Federación y entidades federativas.
5️⃣ Nuevos requisitos para ministras/os (art. 95). 10 años de práctica profesional mínima; para 5 de las 9 ministras/os, al menos 5 años deben ser dentro del Poder Judicial.
6️⃣ Órgano de Administración Judicial fortalecido. 5 integrantes con renovación escalonada, título con 10 años de antigüedad y 10 años de experiencia profesional (5 dentro del PJF).
7️⃣ Presidencias rotatorias sin reelección inmediata en SCJN, TEPJF y Tribunal de Disciplina Judicial, más un Observatorio Ciudadano para evaluar el desempeño judicial.
🏛️ ¿Qué sigue?
La iniciativa también armoniza los artículos 116 y 122 para que estados y CDMX repliquen el esquema de certificación, coordinándose con la ENFJ. Los transitorios prevén 60 días para lineamientos ENFJ y 180 días para reformas secundarias.
💬 Mi lectura como especialista en derecho administrativo y constitucional: esta reforma busca corregir el principal cuello de botella del PEE 2025 —la evaluación masiva sin estándares objetivos— y proteger la independencia judicial al separar el calendario electoral político del judicial.
El reto será operativo: diseñar exámenes estandarizados y robustos en la ENFJ antes de septiembre de 2027.
¿Tú qué opinas? ¿La certificación ENFJ es garantía suficiente de idoneidad técnica o se necesita algo más? 👇
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¿Qué es una reforma constitucional y qué la distingue de otras normas?
Una reforma constitucional modifica el texto mismo de la Constitución, no una ley secundaria. Por eso su procedimiento es más rígido: requiere la aprobación del Congreso de la Unión y de la mayoría de los congresos estatales antes de entrar en vigor.
Mientras el proceso de elección judicial nació de una reforma previa, la iniciativa comentada busca ajustar ese mismo capítulo constitucional. Es decir, no crea una figura nueva, sino que corrige el diseño de una ya existente.
Qué significa para quien aspira a un cargo judicial
Para la persona que hoy piensa postularse a un cargo judicial por elección popular, el mensaje central es que el filtro de acceso tiende a volverse más técnico y menos discrecional. En vez de depender de constancias o promedios que cada comité valoraba de forma distinta, la certificación pasaría a un solo mecanismo homogéneo.
Esto tiene una consecuencia práctica inmediata: quien aspire a competir deberá prepararse para un examen o proceso de certificación estandarizado, y no solo reunir documentos o cartas de recomendación como ocurrió en el proceso anterior.
Para quien ya ocupa un cargo derivado de la elección previa, la iniciativa no busca remover a nadie retroactivamente; su efecto se orienta hacia adelante, al siguiente proceso electoral judicial.
- Vigila si la certificación se exige solo a nuevos aspirantes o también a quienes buscan reelección.
- Revisa qué órgano queda a cargo de recibir y calificar las solicitudes, pues antes esa función estaba repartida entre varios comités.
- Confirma en qué momento del calendario legislativo se encuentra la iniciativa antes de tomar decisiones basadas en ella.
Qué papel juega la ciudadanía que participa como electora
El post también menciona ajustes pensados para el funcionamiento del propio proceso electoral judicial, no solo para quienes se postulan. Para la persona votante, esto puede traducirse en boletas y procesos con menos aspirantes filtrados de forma dispareja entre comités.
Separar la elección judicial de otros comicios, según lo que plantea la iniciativa, busca además que el elector distinga con mayor claridad qué está votando, sin que un proceso opaque al otro.
Errores comunes al leer una iniciativa de reforma
El error más frecuente es confundir una iniciativa presentada con una reforma ya vigente. Una iniciativa apenas inicia su trámite legislativo; puede modificarse, detenerse o aprobarse con cambios sustanciales respecto al texto original.
Otro error común es asumir que los plazos transitorios mencionados en la iniciativa ya están corriendo. Esos plazos solo empiezan a contar una vez que la reforma se publica formalmente, no desde que se presenta el proyecto.
Finalmente, conviene no perder de vista que ajustar los requisitos de acceso a un cargo judicial es distinto de modificar las funciones o atribuciones de ese cargo una vez ocupado; son dos cuestiones que la iniciativa trata por separado.
Preguntas frecuentes
¿Esta reforma ya está en vigor?
No. Según el post, se trata de una iniciativa recién presentada por un grupo de legisladores. Para entrar en vigor debe seguir el proceso legislativo completo, que incluye su discusión y aprobación en el Congreso y en los congresos estatales.
¿A quién afecta principalmente este cambio?
Afecta sobre todo a quienes aspiran a ocupar un cargo judicial por elección popular en el futuro, así como a los órganos encargados de recibir y evaluar esas candidaturas. El post señala que también se busca fortalecer al órgano de administración judicial.
¿Por qué se propone mover la fecha de la próxima elección judicial?
De acuerdo con el post, la idea es evitar que la elección judicial coincida con otro proceso electoral, buscando separar ambos ejercicios en el calendario para dar más orden al proceso.
¿Qué pasa con los comités que antes evaluaban a los candidatos?
El post indica que la iniciativa busca consolidar en un solo comité las funciones que antes estaban repartidas entre varios comités distintos, precisamente para reducir la falta de criterios uniformes que señala como problema del proceso anterior.
¿Los jueces y magistrados ya electos deben volver a certificarse?
El post no señala que la iniciativa tenga efectos retroactivos sobre quienes ya resultaron electos en el proceso anterior; su enfoque, tal como se describe, está dirigido a ordenar el siguiente proceso de elección judicial.