El trauma que se inflige a la psique de un menor al obligarlo a declarar en un entorno judicial hostil es una herida que ninguna sentencia posterior puede sanar. Una vez que el daño está hecho, el costo es irreversible. Por ello, la legislación contempla una defensa inmediata: el amparo indirecto. Los padres tienen la facultad de solicitarlo sin esperar la resolución final del juicio, priorizando la salud mental del niño sobre cualquier requerimiento probatorio del proceso. Es la infancia blindada contra la burocracia legal. Un tema fundamental que redefine el equilibrio entre justicia y protección.
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