La prescripción de créditos fiscales es una de las defensas más contundentes que tiene a su alcance el contribuyente frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y también una de las más ignoradas. Un caso resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) lo ilustra con nitidez: un crédito por Impuesto sobre la Renta (ISR) quedó extinto porque la autoridad dejó transcurrir cinco años y diez meses sin una sola gestión de cobro debidamente notificada al deudor.
Qué ocurrió: un adeudo por parcialidades que nunca se cobró a tiempo
El asunto tiene su origen en una situación cotidiana. Un contribuyente presentó su declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio 2016 y determinó un saldo a cargo de $58,805.00. Para cubrirlo, se acogió al pago en seis parcialidades previsto en la Regla 3.17.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 (RMF 2017).
Pagó puntualmente cinco de esas seis parcialidades, pero no cubrió la sexta. El adeudo remanente ascendía a $12,408.25. Frente a ese incumplimiento parcial, la autoridad tenía la facultad de exigir el pago del saldo pendiente; sin embargo, no lo hizo de manera oportuna ni, sobre todo, notificó eficazmente al deudor las gestiones de cobro dentro del plazo legal.
El punto medular no fue si el contribuyente debía o no la sexta parcialidad, sino si la autoridad conservaba todavía la facultad para exigir su pago. Transcurridos cinco años sin gestión de cobro notificada, la respuesta fue no.
La figura jurídica: la prescripción en materia fiscal
La prescripción es la extinción de una obligación por el simple transcurso del tiempo, cuando el acreedor —en este caso, el fisco federal— no ejerce su derecho de cobro dentro del plazo que la ley le concede. El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.
Conviene no confundir esta figura con la caducidad de las facultades de comprobación. La caducidad se refiere a la pérdida de la potestad de la autoridad para determinar contribuciones o imponer sanciones; la prescripción, en cambio, opera sobre un crédito ya determinado y firme, y se refiere a la pérdida de la facultad de cobrarlo. Son plazos distintos que el postulante debe distinguir con precisión.
Cuándo empieza a correr el plazo
La prescripción comienza a contarse desde que el pago del crédito es legalmente exigible, esto es, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo con que contaba el contribuyente para enterar la contribución. Este es el punto de partida que el postulante debe ubicar con exactitud, pues de él depende el cómputo del término de cinco años.
Cómo se interrumpe la prescripción
El elemento decisivo del caso es el régimen de interrupción del plazo. La prescripción no se detiene por cualquier actuación interna de la autoridad, sino únicamente mediante una gestión de cobro que se haga del conocimiento del deudor. La notificación efectiva es requisito esencial para interrumpirla.
Por ello, la resolución precisa que no tienen efecto interruptor una serie de actuaciones que, aunque consten en el expediente, jamás llegaron a conocimiento del contribuyente:
- Requerimientos que no fueron notificados.
- Actas que quedaron sin diligenciar.
- Intentos fallidos de notificación.
- Gestiones puramente internas del SAT.
Qué resolvió el TFJA en el expediente 4566/24-17-12-1
En el expediente 4566/24-17-12-1, resuelto el 2 de agosto de 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constató que habían transcurrido cinco años y diez meses sin gestión de cobro debidamente notificada. En consecuencia, declaró prescrito el crédito fiscal y decretó la nulidad total del oficio que lo exigía, con fundamento en el artículo 146 del CFF.
La resolución se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 15/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, para que inicie el cómputo de la prescripción, se requiere que exista una resolución firme, debidamente notificada, que determine el crédito fiscal.
Otro punto relevante es que la prescripción es una cuestión de orden público que el tribunal debe analizar de oficio, aun cuando la parte afectada no la haya alegado expresamente. Esto refuerza su carácter protector: forma parte de las garantías del gobernado que el juzgador está obligado a tutelar.
Qué significa para el postulante: aplicación práctica
Para el postulante que asesora a un contribuyente, el criterio ofrece una hoja de ruta clara. Antes de discutir el fondo del adeudo, conviene auditar el tiempo transcurrido y la calidad de las notificaciones que la autoridad afirma haber practicado.
- Ubique el punto de partida. Determine la fecha en que el crédito se volvió legalmente exigible; a partir del día siguiente corre el plazo de cinco años.
- Examine cada gestión de cobro. No basta con que la autoridad las haya emitido: debe acreditar que fueron hechas del conocimiento del deudor. Los requerimientos no notificados y los intentos fallidos no cuentan.
- Revise las constancias de notificación. Una diligencia mal practicada puede ser la diferencia entre un plazo interrumpido y un crédito extinto.
- Invoque el orden público. Aun si el escrito inicial no desarrolló el argumento, la prescripción puede y debe estudiarse de oficio.
El tiempo transcurrido sin actuaciones notificadas extingue el crédito fiscal. Un cobro posterior al vencimiento del plazo de cinco años, sin interrupción válida, es nulo.
Errores comunes a evitar
La experiencia práctica muestra que buena parte de los créditos que podrían impugnarse por prescripción se pierden por descuidos evitables:
- Confundir prescripción con caducidad. Son figuras distintas; alegar una por otra puede debilitar la defensa.
- Suponer que cualquier oficio interrumpe el plazo. Solo interrumpe la gestión de cobro efectivamente notificada al deudor.
- No verificar las constancias de notificación. Aceptar sin más lo que la autoridad afirma, sin revisar si la diligencia se practicó conforme a derecho.
- Dejar de plantear la prescripción por creerla precluida. Al ser de orden público, el tribunal puede estudiarla de oficio.
Preguntas frecuentes
¿En cuánto tiempo prescribe un crédito fiscal?
Conforme al artículo 146 del CFF, el crédito fiscal se extingue por prescripción en cinco años. El cómputo inicia desde que el pago del crédito es legalmente exigible.
¿Un requerimiento del SAT interrumpe la prescripción aunque no me lo hayan notificado?
No. De acuerdo con el criterio aplicado por el TFJA, la prescripción solo se interrumpe con una gestión de cobro que se haga del conocimiento del deudor. Los requerimientos no notificados, las actas sin diligenciar y los intentos fallidos de notificación no producen ese efecto.
¿El tribunal puede declarar la prescripción aunque yo no la haya alegado?
Sí. La prescripción es una cuestión de orden público que el tribunal debe analizar de oficio, aun cuando no se invoque de manera expresa.
Conclusión
El caso resuelto en el expediente 4566/24-17-12-1 confirma que la diligencia de la autoridad en el cobro no es un mero formalismo: es la condición para conservar la facultad de exigir un crédito. Cuando el fisco deja correr el plazo de cinco años sin gestiones de cobro debidamente notificadas, el crédito se extingue y cualquier oficio que pretenda cobrarlo resulta nulo. Para el postulante, la lección es revisar el tiempo y las notificaciones antes que el fondo: en materia fiscal, el reloj y la constancia de notificación pueden decidir el asunto.
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