Se está librando una importante disputa en la esfera legal que define el alcance de la autoridad electoral nacional. El Instituto Nacional Electoral (INE) alza la voz ante la Suprema Corte, buscando revertir el desecho de su controversia constitucional contra un decreto de Baja California Sur que intentaba reasignar facultades de fiscalización para el proceso electoral de 2027. La controversia se centra en si los poderes locales invadieron la competencia federal y, más críticamente, si el INE tiene la legitimación procesal activa para defender su propia autonomía. El recurso de reclamación presentado busca reafirmar las facultades expresamente conferidas por la Constitución, marcando un precedente crucial sobre la autonomía de los órganos electorales frente a las legislaturas estatales. ¡Observen los argumentos en juego en esta defensa de la competencia federal!
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