La nulidad de cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y cuentas de depósito fue el eje de una sentencia dictada en un juicio oral mercantil en Jalisco. Una cuentahabiente demandó a una institución de banca múltiple por cargos que nunca autorizó y por un crédito que jamás solicitó. El juzgado le dio la razón en la mayor parte de sus reclamos.
En breve
- Una tarjetahabiente demandó la nulidad de cargos no reconocidos y de un crédito no solicitado ante un juzgado federal especializado en juicios orales mercantiles.
- El juzgado determinó que la carga de probar la autenticidad de las operaciones correspondía al banco, no a la usuaria.
- Se declaró la nulidad absoluta de los cargos efectivamente controvertidos, por falta de consentimiento de la actora.
- No procedió la nulidad respecto de cargos ya cancelados por el propio banco o correspondientes a comisiones legítimas por reposición de tarjeta.
El caso
La parte actora es descrita como una cuentahabiente y tarjetahabiente de una institución de banca múltiple. En su demanda señaló que detectó cargos que no reconocía tanto en su cuenta de depósito como en sus tarjetas de crédito.
Además, identificó un crédito que apareció asociado a su cuenta sin que ella lo hubiera solicitado ni autorizado. Con base en estos hechos, promovió un juicio oral mercantil para pedir la nulidad de esas operaciones.
| Expediente | 95/2026 |
|---|---|
| Órgano | Juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Jalisco, Especializado en Juicios Orales |
| Circuito | Circuito Jalisco, residencia en Zapopan, Jalisco |
| Materia | Mercantil |
| Vía | Juicio Oral Mercantil |
| Fecha | 14 de julio de 2026 |
Qué reclamó la parte actora
La demanda buscaba la nulidad absoluta de varios cargos no reconocidos en la cuenta de depósito y en las tarjetas de crédito de la actora. También reclamó la nulidad del crédito que, según expuso, nunca solicitó.
El fundamento central de su acción era que esas operaciones se realizaron sin su consentimiento. Por tratarse de un elemento esencial de cualquier acto jurídico, su ausencia debía traducirse en la nulidad de los cargos.
Qué resolvió el juzgado y por qué
El juzgado explicó que la carga de probar la autenticidad de las operaciones controvertidas correspondía a la institución bancaria demandada. Se apoyó en las jurisprudencias 1a./J. 16/2019 y 1a./J. 67/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte.
La razón es sencilla: el banco es quien cuenta con los mecanismos técnicos para acreditar que fue la propia usuaria quien realizó las transacciones. La persona usuaria, en cambio, difícilmente puede demostrar un hecho negativo como no haber hecho una operación.
El juzgado tuvo por acreditados dos elementos de la acción sin mayor debate: la existencia de la relación contractual entre las partes y la existencia material de los cargos reclamados. Ninguno de esos puntos fue controvertido por el banco.
Al revisar los estados de cuenta, el juzgador advirtió que algunos cargos ya habían sido cancelados por la propia institución antes del juicio. Otros correspondían a comisiones legítimas derivadas de la reposición de una tarjeta por robo. Respecto de esos conceptos, no procedía declarar nulidad alguna.
En cambio, para el resto de los cargos y para el crédito no solicitado, la institución bancaria no acreditó que la actora hubiera otorgado su consentimiento. Por ello, el juzgado declaró la nulidad absoluta de esas operaciones, con fundamento en el artículo 2224 del Código Civil Federal, que exige el consentimiento como elemento esencial del acto jurídico.
Este caso ilustra cómo opera la nulidad de cargos no reconocidos cuando el banco no logra demostrar que el titular autorizó la operación. Si te interesa entender otros mecanismos de defensa frente a instituciones financieras, puedes revisar más contenido en Academia de Amparo.
Conceptos clave
- Nulidad absoluta: figura jurídica que deja sin efectos un acto por faltar un elemento esencial, como el consentimiento.
- Carga de la prueba: obligación de demostrar un hecho; en este tipo de casos, recae en el banco por ser quien tiene los medios técnicos para acreditar la autenticidad de una operación.
- Consentimiento: manifestación de voluntad de la persona titular para realizar una operación; sin él, el acto puede anularse.
- Voucher o pagaré: documento o registro electrónico que respalda una operación con tarjeta; su autenticidad puede cuestionarse judicialmente.
- Juicio oral mercantil: procedimiento judicial ágil, con audiencias orales, usado para resolver controversias comerciales como esta.
Qué significa esto en la práctica
Este criterio de primera instancia resulta útil para consumidores y tarjetahabientes que enfrentan cargos, transferencias o créditos que no reconocen. Algunos puntos prácticos a considerar:
- Si detectas un cargo no reconocido, revisa de inmediato tu estado de cuenta y guarda una copia o captura.
- Presenta tu reclamación ante el banco lo antes posible y conserva el folio o acuse de recibido.
- Si el banco no resuelve, puedes acudir a CONDUSEF antes de considerar una vía judicial.
- Un juicio oral mercantil es una opción cuando la vía administrativa no soluciona el problema.
- Recuerda que, según este criterio, generalmente es el banco quien debe probar que tú autorizaste la operación, no al revés.
- No todos los cargos reclamados necesariamente se anulan: si el banco ya los canceló o corresponden a comisiones legítimas, el resultado puede ser distinto.
Para profundizar en temas relacionados con la defensa frente a actos de autoridad o de particulares que afectan tu patrimonio, también puedes consultar la sección de juicios mercantiles y amparo del blog.
Por qué esta sentencia es relevante
Esta resolución confirma un criterio que beneficia a consumidores: cuando se trata de operaciones bancarias no reconocidas, la institución financiera es quien debe demostrar la autenticidad de las mismas. No basta con que el banco alegue que el sistema registró la operación.
Al mismo tiempo, la sentencia muestra que no toda reclamación procede de forma automática. El juzgado distinguió con cuidado entre cargos ya cancelados, comisiones legítimas y operaciones sin consentimiento probado. Esto refleja un análisis puntual, caso por caso, propio de los juicios orales mercantiles.
Preguntas frecuentes
¿Quién debe probar que yo autoricé un cargo o una transferencia?
Conforme a los criterios aplicados por el juzgado, es la institución bancaria quien debe demostrar que la operación fue realizada con el consentimiento del titular. Esto se debe a que el banco es quien tiene los mecanismos técnicos para acreditarlo, no la persona usuaria.
¿Qué pasa si el banco ya canceló algunos de los cargos que reclamé?
Si la propia institución ya canceló ciertos cargos antes del juicio, el juzgado puede considerar que no hay materia para declarar su nulidad. Por eso conviene revisar bien el estado de cuenta antes de demandar.
¿Puedo reclamar un crédito que nunca solicité?
Sí. Si el banco no acredita que otorgaste tu consentimiento para ese crédito, puede declararse su nulidad absoluta por falta de un elemento esencial del acto jurídico. Esta situación se analiza caso por caso.
¿Debo agotar la queja ante CONDUSEF antes de demandar al banco?
Es recomendable presentar primero tu reclamación ante el banco y, si no hay solución, ante CONDUSEF. Esto no siempre es obligatorio para acudir a un juicio oral mercantil, pero ayuda a documentar tu caso.
¿Qué documentos debo guardar si detecto un cargo no reconocido?
Guarda tus estados de cuenta, capturas de pantalla de la app o banca en línea, y cualquier folio de reclamación ante el banco. Estos documentos son clave para sustentar una demanda de nulidad de cargos no reconocidos.
En resumen
Este caso confirma que, frente a cargos no reconocidos, transferencias no autorizadas o créditos no solicitados, la carga de probar la autenticidad de la operación suele recaer en el banco. El juzgado distinguió con cuidado qué conceptos procedían y cuáles no, mostrando que cada reclamación se analiza con base en las pruebas concretas del expediente.
Esta es una versión pública con fines informativos y de divulgación. Se trata de un criterio de primera instancia, no de jurisprudencia obligatoria, y no constituye asesoría jurídica. Si enfrentas una situación similar, te invitamos a buscar una consulta profesional para analizar tu caso particular.
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