María tenía una multa de $10,720 pesos desde 2008. Un día descubre que el SAT (autoridad fiscal de Yucatán) le restringió su camioneta Jeep sin avisarle ni explicarle por qué. La autoridad alegó que había procedimientos de embargo, pero nunca se los notificó correctamente ni le dio oportunidad de defenderse. María demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal le dio razón PARCIALMENTE: anuló la restricción del vehículo porque fue ilegal (no hubo notificación ni procedimiento previo documentado), pero determinó que la deuda NO ha prescrito, porque hubo gestiones de cobro válidas. Efecto práctico: le quitan la restricción, pero sigue debiendo y el SAT puede cobrarle de forma legal esta vez.