Ayer se publicó una tesis aislada del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que algunos han celebrado como un triunfo del acceso a la justicia digital. El criterio sostiene que debe admitirse la demanda de amparo presentada vía electrónica cuando contenga la firma autógrafa digitalizada del quejoso y la FIREL de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo.
Antes de celebrar, conviene leer el engrose de la Contradicción de Tesis 47/2018 del Pleno de la SCJN, de donde derivó la jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.).
¿Qué resolvió realmente el Pleno?
El Pleno estableció una regla general clara: si la demanda de amparo se presenta por vía electrónica, requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente. La FIREL del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo no puede sustituir la del quejoso, porque el autorizado carece de legitimación para accionar el juicio a nombre de su autorizante. Y si no hay FIREL del quejoso, no hay expresión de voluntad, no hay instancia de parte, y procede el desechamiento.
¿Es cierto que el Pleno "no analizó" el supuesto de la firma autógrafa escaneada?
El propio Pleno advirtió que uno de los asuntos que generó la contradicción involucraba una demanda escaneada donde sí aparecían las firmas físicas de los quejosos. Sin embargo, consideró esa circunstancia como una diferencia fáctica que no incidía en el punto jurídico a resolver. ¿Esto significa que dejó abierta la puerta al supuesto? Se puede argumentar que sí. Pero también se puede leer —con igual o mayor fuerza— que el Pleno consideró irrelevante la presencia de la firma autógrafa en el escaneado, porque la FIREL es la manifestación de voluntad, no la imagen de una rúbrica en un PDF.
3 razones para no celebrar tan rápido:
Obligatoriedad. La P./J. 3/2019 es jurisprudencia del Pleno. Es obligatoria para todos los tribunales colegiados (art. 217, Ley de Amparo).
Contexto. La tesis se apoya implícitamente en un criterio surgido durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando el acceso presencial a tribunales estaba restringido. El caso resuelto data de noviembre de 2024.
Riesgo procesal. Si un litigante presenta su demanda confiando en este criterio aislado, se expone a que otro órgano jurisdiccional aplique la jurisprudencia del Pleno y la deseche.
¿Significa esto que la tesis es indefendible?
No necesariamente. El argumento pro actione es legítimo, pero una cosa es interpretar favorablemente y otra muy distinta es inaplicar de facto una jurisprudencia obligatoria del Pleno.
La firma electrónica no es un formalismo: es la manifestación de voluntad en el entorno digital. El Pleno lo dejó claro. Lo que no dejó fue una excepción expresa para cuando la firma autógrafa aparezca escaneada. Y en ese silencio, un Tribunal Colegiado encontró espacio para crear un criterio.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice exactamente la nueva tesis sobre la firma digitalizada?
Un Tribunal Colegiado sostuvo que debe admitirse la demanda de amparo presentada por vía electrónica cuando contenga la firma autógrafa digitalizada del quejoso junto con la FIREL de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Es un criterio aislado, es decir, no obliga a otros tribunales.
¿Qué había resuelto antes la Suprema Corte sobre este mismo tema?
El Pleno de la SCJN, al resolver la Contradicción de Tesis de la que salió la jurisprudencia P./J. 3/2019, fijó una regla general: la demanda electrónica requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente. Esa jurisprudencia es obligatoria para todos los tribunales colegiados conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo.
¿Qué es la FIREL y por qué el Pleno dice que la del autorizado no basta?
La FIREL es la firma electrónica que manifiesta la voluntad de actuar en el juicio, no una simple imagen de una rúbrica escaneada. Según el Pleno, la FIREL del autorizado (artículo 12 de la Ley de Amparo) no puede sustituir la del quejoso, porque el autorizado no tiene legitimación para promover el juicio a nombre de quien lo autorizó.
¿Es seguro presentar mi amparo electrónico apoyándome en este nuevo criterio?
Conviene tener cautela. Al ser jurisprudencia del Pleno, la regla general sigue siendo obligatoria para todos los tribunales colegiados. Si una persona presenta su demanda confiando únicamente en el criterio aislado más reciente, se expone a que otro órgano jurisdiccional aplique la jurisprudencia obligatoria del Pleno y deseche la demanda.
Entonces, ¿la tesis nueva está mal o es indefendible?
No necesariamente. El post explica que el argumento pro actione (interpretar a favor de que el caso se admita y se resuelva de fondo) es legítimo. Pero señala que una cosa es interpretar favorablemente a favor del acceso a la justicia y otra distinta es, en los hechos, dejar de aplicar una jurisprudencia obligatoria del Pleno.