¿Qué sucede cuando un beneficiario de pensión por orfandad, menor de 25 años, concluye la licenciatura e inmediatamente inicia un posgrado?
Generalmente, el IMSS niega la prórroga de la pensión. Sin embargo, un reciente criterio judicial [Tesis 1.110.A.52 A (11a.)] establece un precedente crucial sobre el derecho a la educación y la seguridad social.
El IMSS suele argumentar que el derecho a la pensión fenece al concluir los estudios de licenciatura, independientemente de que el beneficiario siga siendo menor de 25 años.
Esta interpretación deja en estado de vulnerabilidad a jóvenes que buscan una especialización, en un contexto donde el mercado laboral y las estructuras sociales exigen ciclos educativos más largos.
Frente a esta negativa, los afectados han recurrido al juicio de amparo indirecto. Un Tribunal Colegiado ha determinado que, en estos casos, procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios.
¿Qué implica esto en la práctica? Que el IMSS debe restablecer y continuar pagando la pensión mientras dura el juicio de amparo, siempre que se cumplan dos requisitos clave: ser menor de 25 años y demostrar la continuidad inmediata de los estudios (iniciar el posgrado justo al terminar la licenciatura).
⚖️ El Fondo del Asunto: La Realidad Educativa vs. la Norma
Este criterio (derivado de la Queja 279/2024) es fundamental porque actualiza la finalidad de la "institución alimentaria". La pensión por orfandad se equipara a la pensión alimenticia: su objetivo no es solo obtener un título, sino dotar a la persona de los medios para valerse por sí misma y desarrollar su plan de vida.
El tribunal reconoce que, en la actualidad, la licenciatura no siempre es suficiente para una adecuada inserción laboral. Negar la pensión durante el posgrado puede causar un perjuicio de difícil reparación en la formación profesional del estudiante.
Es importante aclarar que la suspensión no crea un derecho nuevo, sino que restablece provisionalmente un derecho que ya se considera "indiciariamente reconocido", protegiendo al estudiante de un daño irreparable mientras se resuelve el fondo del juicio.
Esta tesis refleja cómo el derecho debe adaptarse a las realidades sociales. Proteger la continuidad educativa es una inversión directa en la autosuficiencia profesional y la movilidad social.
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