Luis (contribuyente) tenía una deuda fiscal de casi $2 millones de pesos con el gobierno de Veracruz. Un día, al intentar usar su dinero, descubrió que le habían congelado sus cuentas bancarias sin avisarle. Presentó una demanda porque nunca recibió notificación de ese congelamiento. El tribunal decidió parcialmente a su favor: anuló un documento que la autoridad no pudo probar que existía, pero validó la orden de congelamiento porque estaba bien hecha según la ley. Resultado: las cuentas de Luis siguen congeladas. Para recuperar su dinero, debe pagar la deuda o garantizarla. La lección: aunque la autoridad debe notificar, si el acto está bien fundamentado y existe una deuda firme, el congelamiento es legal.