Una empresa recibe un oficio del SAT pidiéndole información y documentos. La empresa pide más tiempo (prórroga), pero el SAT se la niega. Como no entregó lo que le pidieron, el SAT le impone una multa de $22,400 pesos. La empresa paga la multa ($23,287 actualizada) pero decide reclamar ante el tribunal porque considera que el SAT no justificó bien su autoridad para multarla. El Tribunal Federal le da la razón: determina que el SAT no fundamentó correctamente su competencia para imponer la sanción (citó que podía sancionar, pero no citó el artículo que le daba facultad para pedir la información en primer lugar). Resultado: se anula completamente la multa y la empresa tiene derecho a que le devuelvan su dinero.