Una persona en Nuevo León recibió 18 multas fiscales por un total de $33,095 pesos que desconocía por completo. Al reclamarlas ante el Tribunal, argumentó que la funcionaria que emitió las multas (una Coordinadora) no tenía legalmente la facultad para hacerlo. El Tribunal le dio la razón: la autoridad nunca citó el artículo específico que le daba competencia para emitir esas multas, y tampoco aclaró si actuaba por facultades propias o en suplencia del Director. Esta omisión viola el derecho constitucional a que todo acto de autoridad esté debidamente fundado. El Tribunal declaró la nulidad total de las multas, dejándolas sin efecto. La persona no tiene que pagar nada. Aprendizaje: las autoridades deben demostrar que tienen facultades legales claras para multar o cobrar.