
La Cámara de Diputados ha dado un paso trascendental al aprobar reformas cruciales en la Ley Federal de Derechos, que prometen redefinir las tarifas para visitantes y residentes extranjeros en México. Esta transformación, parte integral del paquete económico, busca realinear las cuotas y tasas gubernamentales con la dinámica socioeconómica actual del país.
Incrementos Principales Aprobados
Uno de los cambios más destacados se centra en los servicios migratorios. La tarifa destinada a los visitantes que no tienen permiso para realizar trabajos remunerados ha experimentado un notable incremento, situándose ahora en 860.56 pesos. Asimismo, el costo por servicios migratorios en aeropuertos para pasajeros internacionales ha ascendido a 223.09 pesos.
Estos ajustes reflejan un aumento del 14.2% en la cuota correspondiente al documento de visitante. Según las autoridades, estas medidas son indispensables para optimizar los controles migratorios y garantizar tanto la seguridad como los derechos humanos, en respuesta al constante flujo de personas que llegan al país.
Uso de los Fondos Recaudados
La reforma incluye también una clara distribución de los ingresos derivados de estos derechos migratorios. Del total recaudado por el derecho de visitantes internacionales, el 67% se asignará a la Secretaría de la Defensa Nacional para impulsar proyectos de infraestructura, mientras que el 33% restante irá directo a la Tesorería de la Federación.
En cuanto a los fondos obtenidos de los servicios migratorios en aeropuertos, el 83% se destinará a la modernización del control fronterizo en el sur y al mejoramiento de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. El 17% restante será canalizado a la Tesorería.
Contexto de la Reforma
La Ley Federal de Derechos regula las tarifas por servicios gubernamentales y por la utilización de los bienes nacionales, buscando garantizar coherencia con las leyes sectoriales y asegurar el reembolso de los costos generados por los servicios provistos por la Administración Pública Federal. Esta nueva normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2025.
En definitiva, estas reconfiguraciones no solo representan una actualización de tarifas, sino que también reflejan un compromiso con el fortalecimiento del marco migratorio y la infraestructura nacional, preparándonos para enfrentar los desafíos futuros con mayor solidez.